HISTORIA DE LA II REPÚBLICA Y DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA La II República representó la primera experiencia democrática que ha vivido España. Las experiencias anteriores quedaron rotas por el caciquismo y la manipulación del sufragio. Pero la experiencia democrática no logró consolidarse, terminó con la guerra civil y la prolongada dictadura de Franco. Los sistemas liberales que se habían establecido en el S. XIX acabaron por transformarse en democracias plenas a comienzos del S. XX. Tras la I Guerra Mundial el sistema democrático se convirtió en la norma en Europa, aunque algunas nuevas democracias pronto fueron sustituidas por regímenes autoritarios. No es por tanto sorprendente que España, que contaba con una tradición liberal más que secular, asumiera el sistema democrático. El desarrollo económico y cultural en España experimentó en las últimas décadas del S. XIX y las primeras del S.XX proporcionó además una base social relativamente sólida a la democracia. A la altura de 1930 España no se encontraba entre los países más avanzados de Europa, en términos de nivel de renta, esperanza de vida o tasas de alfabetización, pero tampoco se encontraba entre los últimos. Un hecho importante fue que en España la transición a la democracia no se produjera de manera gradual, como ocurrió por ejemplo en el Reino Unido, donde llegó a ese resultado a través de sucesivas reformas. El nivel de bienestar en España estaba en 1930 bastante lejos del de los británicos, holandeses y suecos, por lo que no es extraño que la transición democrática por consenso fuera difícil. Pero el factor que más influyó en la transición a la democracia fue el hundimiento de la monarquía debido al apoyo que Alfonso XIII otorgó a Primo de Rivera. Es decir, cuando en enero de 1930, Alfonso XIII forzó la dimisión de Primo de Rivera, todo indicaba que esa dimisión implicaba el fin de la monarquía. El problema de los monárquicos fue que no supieron ofrecer a la opinión pública un proyecto que resultara atractivo. Alfonso XIII encargó formar gobierno a un militar de su confianza, el general Dámaso Berenguer, que escogió a la mayoría de sus ministros de las filas del antiguo Partido Conservador. Berenguer restableció las libertades, pero parecía que lo único que ofrecía era una vuelta atrás, al sistema de la Restauración. Los partidos Conservador y Liberal se habían disuelto durante la dictadura y entre sus antiguos miembros existía un descontento con el Rey. En resumen: los monárquicos estaban divididos y carecían de un proyecto que despertara ilusión. Los republicanos, en cambio, supieron presentar un frente unido y ofrecer una opción de cambio, al tiempo que parecían garantizar ese cambio inicialmente moderado. En agosto de 1930 los principales dirigentes republicanos llegaron a un acuerdo, el pacto de San Sebastian, al que posteriormente se sumaron los socialistas. De esta manera la opción republicana quedó englobada en un frente común, al frente del cual destacaba Niceto Alcalá Zamora, al que le fue encomendada la presidencia del gobierno provisional de la futura República; las organizaciones republicanas, en el seno de las cuales se distinguía una tendencia centrista, encabezada por Alejandro Lerroux, y otra izquierdista con Manuel Azaña; los catalanistas de izquierda y los socialistas. Para el triunfo republicano se abrían 2 vías: la participación electoral y el alzamiento militar. La segunda era la tradicional en España y los republicanos también optaron por ella en 1930. Contactaron con militares descontentos y prepararon un pronunciamiento militar que se produjo en diciembre de 1931 y fracasó (los 2 capitanes de la guarnición de Jaca que lo iniciaron fueron fusilados). El fracaso insurreccional fue seguido de un triunfo en las urnas. En abril de 1931 el gobierno del almirante Aznar, que había sustituido a Berenguer, convocó elecciones municipales y las candidaturas republicanas obtuvieron el triunfo. Los republicanos supieron presentarse como los garantes de la democracia y de la modernidad, mientras los monárquicos parecían encarnar el pasado. El rey podía haberse mantenido por la fuerza, pero la mayoría de los dirigentes políticos y militares lo desaconsejaban. Deseoso de evitar enfrentamientos, Alfonso XIII se exilió. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República, de manera pacífica y en medio del entusiasmo popular. El Gobierno Provisional que asumió el poder el 14 de abril representaba un amplio abanico de tendencias. En el ala derecha se situaba su presidente, Alcalá Zamora, y también Lerroux, mientras que en el ala izquierda se encontraban varios ministros republicanos, entre los que pronto destacó el Ministro de la Guerra, Manuel Azaña, y los ministros socialistas como el de Trabajo, Francisco Largo Caballero. Pero el proyecto de República moderada que defendía Alcalá Zamora quedó muy pronto debilitado por los resultados de las elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931. En esas elecciones la coalición republicano-socialista apenas tuvo oposición, porque las derechas se hallaban en una situación de desconcierto. En una cámara única de 470 dip., los socialistas contaban con 115, el partido radical de Lerroux con 94, el radical socialista con 55, etc. En definitiva, la orientación izquierdista de las Cortes condujo a la aprobación de una Constitución, la de 1931, que se caracterizó por su tendencia democrática avanzada (voto de la mujer), por su anticlericalismo y porque abría la posibilidad de la socialización económica. Durante unos meses Alcalá Zamora mantuvo la presidencia del gobierno, pero dimitió cuando en octubre las Cortes incluyeron en la Constitución un art. De contenido anticlerical. Le sucedió Manuel Azaña, cuyo acceso a la presidencia fue el resultado de un amplio acuerdo que respondía a que se había ganado un gran prestigio como ministro y ocupaba una posición de centro respecto a los dos partidos mayoritarios del momento (socialistas y radicales) y la exigüidad de su propio partido parecía garantizar que se trataba de una solución temporal, que no suponía un obstáculo para las ambiciones de otros. La orientación izquierdista que Azaña dio a la política republicana se vio facilitada por la salida del gobierno del Partido Radical. Por entonces Lerroux pensaba que su hora no había llegado todavía. Los gobiernos de coalición republicano-socialista que Azaña presidió desde octubre de 1931 hasta septiembre de 1933 iniciaron una política de profundas reformas. El único contrapeso conservador sería el de Alcalá Zamora, que tras haber dimitido como presidente de gobierno, fue elegido presidente de la República en diciembre. Pero los poderes que la Constitución había otorgado al presidente de la república eran muy limitados. La obra reformista del primer bienio republicano se centró en 4 grandes cuestiones: la política militar, la anticlerical, la autonómica y la social. Como ministro de Guerra del gobierno provisional Azaña afrontó 2 problemas: el del exceso de oficiales, cuyos sueldos absorbían gran parte del presupuesto militar, y el de la dudosa lealtad de una gran parte del ejército hacia la República. Para resolverlos ofreció a todos los militares la opción de prometer fidelidad a la Constitución o pasar a la situación de retiro, conservando íntegros sus ingresos. Más de 7.000 jefes y oficiales (1/3 del total), se acogieron al retiro, pero con cierto resentimiento hacia el nuevo régimen. Azaña adoptó otras medidas para dotar a España de unas fuerzas armadas más capacitadas y con sintonía con el espíritu democrático, pero esos objetivos sólo podrían haberse alcanzado con tiempo y no lo hubo. Uno de los elementos básicos de la ideología republicana era que la influencia que la Iglesia Católica representaba un obstáculo para la modernización de España (el catolicismo tenía una orientación conservadora y antiliberal). Así es que el conflicto entre católicos y anticlericales se convirtió en uno de los factores que más dificultaron el consenso. La intensidad del sentimiento anticlerical se manifestó poco después de proclamarse la República, con la quema de varios conventos en Madrid y otras ciudades en mayo de 1931. Alcalá Zamora se esforzó por intentar alcanzar la concordia, pero finalmente se impuso la posición de Azaña, anticlerical pero relativamente moderada, que supuso la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de las demás órdenes de dedicarse a la enseñanza. Otro de los grandes retos de la República fue el de dar satisfacción a las aspiraciones nacionalistas o autonomistas que se manifestaban en Cataluña, País Vasco y Galicia. El 14 de abril se estableció el gobierno autónomo de la Generalidad de Cataluña, encabezado por Françesc Macià e integrado por todos los partidos republicanos con predominio de Esquerra. Este Gobierno preparó un proyecto de estatuto, que los catalanes aprobaron en referendum en agosto de 1931. Por su parte, la Asamblea de representantes de los municipios de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, reunida en junio en Estella, aprobó un proyecto de estatuto vasco que respondió a los criterios de las derechas, en especial del PNV. La Constitución republicana abrió la posibilidad de que las regiones que lo desearan adoptaran un estatuto de autonomía y en septiembre de 1932, tras muchos debates se aprobó el estatuto de Cataluña. En noviembre de 1932 se celebraron las primeras elecciones al parlamento autonómico catalán, en las que de nuevo triunfó Esquerra, comenzando rápidamente el traspaso de competencias. La marcha de Estatuto vasco fue más lenta. En diciembre de 1931 el gobierno español encargó a las comisiones gestoras de las diputaciones vascas la preparación de un proyecto, que a diferencia del de Estella fuera compatible con la constitución. Con el acuerdo de las izquierdas y el PNV fue aprobado, pero en cambio en el referendum posterior en Navarra no triunfó. Pero las nuevas Cortes elegidas en ese mismo mes bloquearon el proyecto, que no pudo ser aprobado hasta 1936. Ese mismo año fue votado en referendum, en vísperas de la guerra, el Estatuto Gallego, que las Cortes no llegaron a discutir. El más conflictivo de los problemas a los que se hubo de enfrentar la República fue el social. Para muchos trabajadores el cambio de régimen parecía anunciar una rápida transformación, lo que se tradujo en un rápido crecimiento de UGT y CNT y en una fuerte conflictividad social a la que también contribuyó la intransigencia de los empresarios. Las protestas darían lugar a frecuentes enfrentamientos sangrientos. La mitad de la población activa trabajaba en el sector agrario, el problema se centró en las áreas latifundistas del sur, en las que se produjo un rápido crecimiento de la UGT. Como ministro de Trabajo, Largo Caballero (que además era secretario general de UGT), obligó a los empresarios agrícolas a contratar a contratar trabajadores del propio término municipal, prohibió transitoriamente los desahucios de campesinos arrendatarios, y constituyó jurados mixtos del trabajo rural. Pero la gran esperanza de los jornaleros del sur era el reparto de los latifundios. A ello respondió la ley de reforma agraria de septiembre de 1932 (aprobada con la oposición de la derecha), que establecía en determinadas provincias la expropiación previa indemnización de los grandes latifundios, lo que supuso que unos 10.000 campesinos recibieran tierras hasta finales de 1933. El PSOE concebía su participación en el gobierno como un instrumento para propiciar la transformación de la estructura de la propiedad, al tiempo que ofrecía a los trabajadores mejoras tangibles. Por su parte, los empresarios se quejaban de la orientación impuesta por los municipios socialistas a la política gubernamental y de la parcialidad a favor de los trabajadores en los jurados mixtos. Por otro lado, Azaña hubo de hacer frente, en sus 2 años de gobierno a una insurrección militar conservadora, la protagonizada por el general Sanjurjo en agosto de 1932 y 2 insurrecciones anarquistas en enero de 1932 y 1933. Hubo además una tercera insurrección anarquista en diciembre de 1933, pero ya Azaña había dejado el gobierno. Un gravísimo incidente ocurrió durante la insurrección anarquista de enero de 1933 en la aldea gaditana de Casas Viejas, en la que las fuerzas de seguridad fusilaron a varios detenidos, debilitando la posición de Azaña, al que la oposición le culpó de lo ocurrido. En septiembre de 1933, la elección de los vocales del Tribunal de Garantías Constitucionales que representaban a las regiones mostró que el gobierno de Azaña no contaba con el respaldo mayoritario del pueblo y Alcalá Zamora forzó su dimisión. La política de Azaña había engendrado una reacción de quienes se sintieron amenazados en sus intereses económicos, en sus sentimientos religiosos o en ambos. De ahí el éxito de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), fundada en marzo de 1933, bajo la presidencia de José María Gil Robles, que desentendiéndose en principio de la opción monarquía-república, se centró en la defensa del orden social tradicional y la Iglesia. Más próxima al fascismo italiano era la ideología de otra nueva organización, Falange Española, fundada en octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera (hijo del anterior). Pero Falange no logró en sus primeros años el apoyo social logrado por el fascismo italiano. La campaña electoras de 1933 se caracterizó por un fuerte enfrentamiento dialéctico entre la CEDA y el PSOE. Fieles a la tradición marxista, los socialistas nunca habían asumido un compromiso pleno con la democracia parlamentaria. De ahí que la República no representara para ellos más que un régimen de transición. La nueva estrategia adoptada por Largo Caballero era la de alcanzar el poder en solitario para iniciar la revolución social, por medios legales si era posible. En ausencia de una coalición con el PSOE, los republicanos de izquierdas, que probablemente habían logrado en las Cortes Constituyentes una representación superior al apoyo social que realmente gozaban, se vieron condenados al fracaso, del que sólo se salvó Esquerra Republicana de Catalunya. Los grandes vencedores serían la CEDA y el Partido Radical. Durante el segundo bienio republicano, la política de Gil Robles consistió en preparar el gradual acceso de la CEDA al poder; la de Lerroux en atraer a la CEDA hacia el terreno de la lealtad republicana, al tiempo que se apoyaba en sus votos para gobernar; y la del presidente de la República, Alcalá Zamora, en utilizar al máximo sus atribuciones para impedir los planes de Gil Robles. En Cataluña, las elecciones autonómicas de enero de 1934 dieron la victoria a Esquerra. Macià había muerto pocos días antes y al frente de la Generalitat le sucedió Lluis Companys, quien se vio sometido a la presión separatista del partido. En abril el parlamento catalán aprobó una ley de contratos de cultivo muy favorable para los arrendatarios, pero la constitución atribuía esta legislación al Estado Central y el Tribunal de Garantías Constitucionales decretó la inconstitucionalidad. Tras ello el parlamento catalán volvió a aprobarla, poniendo en cuestión el ordenamiento jurídico de la República. Toda la izquierda y el PNV respaldaron a los catalanes, pero al final se iniciaron contactos para buscar una solución al conflicto. Las posibilidades de que España se encaminara hacia una democracia estable recibieron un golpe devastador en octubre de 1934. En Europa se empezaban a establecer dictaduras de derecha. Y creyendo que el momento de la acción había llegado cuando Lerroux formó gobierno que incluía 3 ministros de la CEDA. Companys proclamó entonces el “Estado Catalán, en la República Federal Española”, situándose así al margen de la constitución y los socialistas se lanzaron a una insurrección armada con la colaboración de las fuerzas obreras. La decisión de Companys surgió en parte por su convicción, compartida con toda la izquierda española, de que la República no consistía en un ordenamiento concretado en una constitución y unas leyes, sino en un espíritu incompatible con el gobierno de las derechas. Pero su pronunciamiento no dio lugar a una movilización popular masiva y el ejército tuvo escasas dificultades para dominar la rebelión en Barcelona en menos de 24 horas. La insurrección obrera fue mucho más grave: su gestación se había iniciado meses atrás, con la participación no sólo de los socialistas sino de otras fuerzas. La CNT rechazó cualquier acuerdo a nivel nacional, pero la gran autonomía de que gozaban sus secciones hizo que en Asturias se llegara a un acuerdo CNT-UGT, con el objetivo de implantar un régimen igualitario basado en los principios socialistas y federales. El partido Comunista se incorporó a la alianza en septiembre. Pero cuando en octubre comenzó la insurrección, apenas había planes ni recursos que no fueran la huelga general. De hecho, la huelga fue efectiva en bastantes áreas en las que los socialistas eran fuertes. La contraofensiva gubernamental, cuya coordinación desde Madrid fue encomendada al general Francisco Franco, incluyó el recurso a unidades del Ejército de África, que fueron trasladadas a Gijón. Tras 2 semanas de combate los insurrectos se rindieron. En conjunto la insurrección causó unas 1.500 muertes, la mayor parte en Asturias y engendró odios intensos. Los insurrectos asesinaron a varias decenas de civiles, entre ellos 34 eclesiásticos, que serían las primeras víctimas de la violencia anticlerical que se produjo en España desde 1835. A su vez, en la represión se cometieron numerosos abusos (torturas, asesinatos, etc). El fracaso de la insurrección brindó a Gil Robles una gran oportunidad para establecer un régimen autoritario. Si no lo hizo fue en parte porque su adhesión a los cauces legales era más sincera de lo que la izquierda sospechaba, en parte porque carecía de mayoría parlamentaria propia y en parte porque los mandos del Ejército eran mayoritariamente contrarios a una ruptura de la legalidad. En 1935 se entró en una etapa de plena contrarreforma social. A pesar de la recuperación industrial, el nivel d desempleo aumentó y entre los parados se encontraban miles de despedidos por su participación en las huelgas. CNT y UGT se encontraban muy debilitadas y la segunda cesó de participar en los jurados mixtos. La ley de reforma agraria fue modificada hasta el extremo de anular su efectividad y muchos terratenientes aprovecharon las circunstancias para expulsar a los arrendatarios y modificar a la baja los salarios. La gran preocupación de Alcalá Zamora era la orientación excesivamente derechista que había tomado el gobierno, que trató de remediar mediante el sistemático uso de los poderes presidenciales en contra de los dos partidos que tenían mayor representación parlamentaria. A finales de 1935 2 escándalos sucesivos de corrupción afectaron muy negativamente al crédito del Partido Radical, que entró en un rápido proceso de descomposición. Alcalá Zamora, que no estaba dispuesto a entregar a Gil Robles la presidencia del Gobierno, intentó entonces una difícil maniobra: la creación desde el poder de una gran fuerza política de centro. Recurrió para ello a Manuel Portela Valladares, quien formó en diciembre un gobierno en el que tan sólo estaban representados algunos pequeños partidos de centro. Este gobierno presidió las elecciones de febrero de 1936, que produjeron un nuevo vuelco del panorama político. Triunfó el Frente Popular, una coalición integrada por republicanos, socialistas y comunistas, que tenían una escasa cohesión interna. Tras las elecciones, Azaña formó un gobierno cuyas primeras medidas consistieron en decretar una amnistía general para los 15.000 presos que lo eran por delitos políticos, la devolución de la autonomía a Cataluña (cuyo parlamento eligió de nuevo a Companys) y la reasunción por los empresarios de aquellos trabajadores que habían sido despedidos por motivos políticos y sociales. Estas medidas se tomaron en un clima de violencia que se manifestó en la quema de varias Iglesias y Conventos. Se inició así una espiral de represalias y contrarrepresalias entre los falangistas y los jóvenes socialistas y comunistas. En marzo fueron detenidos los dirigentes de Falange y poco después ésta fue declarada ilegal, lo que no impidió su crecimiento, propiciado por el desencanto de muchos jóvenes derechistas con la moderación de la CEDA. La situación social era tensa. El número de desempleados era superior al 10%, principalmente en el campo. El gobierno dio un fuerte impulso a la reforma agraria, que permitió el acceso a la tierra a más de 100.000 campesinos, y autorizó ocupaciones temporales de fincas, de acuerdo con la ley de reforma agraria, pero a pesar de ello resultó difícil contener en el marco de la ley la creciente militancia de los trabajadores rurales. En tanto en el seno del PSOE, se estaba agudizando el enfrentamiento entre los seguidores de Indalecio Prieto y los de Largo Caballero. Muchos de estos últimos se mostraron favorables a la propuesta del PCE, de preparar la fusión de ambas organizaciones en un nuevo partido leninista. En abril se dio un paso importante en la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), en las que se integraron los jóvenes de ambos partidos, y en julio, en vísperas de la guerra, las secciones catalanas del PSOE y OCE se unieron con tras pequeñas organizaciones para formar el Partit Socialista Unificat de Cataluña (PSUC). Tanto las JSU como el PSUC asumirían una organización comunista. La política del gobierno Azaña y especialmente su incapacidad para frenar la beligerancia de sus aliados socialistas resultaba inaceptable para el presidente de la República, quien de acuerdo con la Constitución podía nombrar y separar libremente al presidente del Gobierno. Así es que los partidos del Frente Popular optaron por la destitución de Alcalá Zamora, que se llevó a cabo mediante una interpretación forzada de la Constitución. Le sucedió en la Presidencia de la República Manuel Azaña, y ocupó la del Gobierno Santiago Casares Quiroga, también de Izquierda Republicana. La violencia política provocó unas 270 muertes, según una estimación desde enero al estallido de la guerra. Todo ello contribuyó a que, ante la opinión de derechas, Gil Robles perdiera terreno frente al monárquico Joaquín Calvo Sotelo, quien planteaba un rechazo frontal a la democracia. Sotelo fue asesinado por agentes de las fuerzas de seguridad de tendencia socialista, que actuaron por iniciativa propia y en represalia por el previo asesinato de un compañero: el teniente Castillo. En tanto estaba en marcha una conspiración militar que el gobierno había tratado de frustrar mediante una activa política de ceses y traslados de mandos, encaminada a que los puestos claves fueran ocupados por hombres de confianza. El conspirador más activo era el general Emilio Mola, quien planeaba una acción militar cuyo objetivo sería el establecimiento de un régimen autoritario y conservador. Mola no confiaba demasiado en los políticos civiles y no quería comprometerse con la causa monárquica, que tenía escaso apoyo popular, pero recibió ayuda económica tanto de sectores monárquicos como de la CEDA. La guerra civil se inició en julio de 1936, como consecuencia de un alzamiento militar contrarrevolucionario que sólo triunfó en la mitad del territorio nacional y tuvo la paradójica consecuencia de provocar una revolución obrera en la otra mitad. Iniciado en Melilla, el alzamiento triunfó rápidamente en el protectorado de Marruecos y se extendió a la mayor parte del territorio español. Casi todas las guarniciones militares de alguna importancia se sumaron al mismo, en ocasiones contra la voluntad de sus superiores jerárquicos, leales al gobierno. En muchos lugares la resistencia protagonizada por las autoridades republicanas, algunos militares y militantes de izquierdas apenas armados, fue aplastada en pocos días. Galicia, la meseta septentrional, Cáceres, Alava, Navarra y gran parte de Aragón formaron muy pronto un núcleo compacto de territorio bajo el control de los insurrectos, que triunfaron también en varias ciudades andaluzas, en Mallorca y en Canarias. En estas últimas el alzamiento fue dirigido por el general Francisco Franco, que inmediatamente se dirigió a Marruecos a ponerse al mando del poderoso ejército de África. Pero el alzamiento experimentó también fracasos, especialmente en Madrid y Barcelona y en la mayor parte de las unidades navales, debido a la acción de las fuerzas de seguridad leales al gobierno y de los militantes de las organizaciones de izquierda. El gobierno mantuvo inicialmente el control de la cornisa cantábrica, la costa meditarránea y la meseta meridional. Desde el primer momento bastantes civiles, muchos de ellos falangistas o tradicionalistas se incorporaron al alzamiento y recibieron armas, pero a pesar de ello el movimiento era estrictamente militar y su mando fue asumido exclusivamente por generales y coroneles. Para dirigirlo se formó inicialmente una Junta de Defensa Nacional, de la que fue nombrado presidente el general Miguel Cabanellas, el de más rango entre los insurrectos, pero que tenía como miembro más destacado al general Mola. En Madrid el gobierno de Casares Quiroga dimitió el mismo 18 de julio y fue sustituido por José Giral, de Izquierda Republicana, al frente de un nuevo gobierno, que fue también exclusivamente republicano, pero que tomó la decisión de proporcionar armas a los militantes de los sindicatos y partidos de izquierda, como exigían las organizaciones obreras. Se inició en el territorio leal a la República una revolución obrera, impulsada por los militantes de base, que se encontraron de repente con la posibilidad de llevar a la práctica sus ideales. Las organizaciones obreras se hicieron con el control de la administración local, impusieron la colectivización de la tierra y de las fábricas, crearon milicias para combatir en el frente, ejercieron la represión en la retaguardia y establecieron incluso sus propias cárceles privadas. Pero no dieron el paso decisivo de establecer un gobierno revolucionario. Ello se debió al deseo de no romper con la clase media republicana cuando se hacía frente a un enemigo común y también a la rivalidad existente entre las diversas tendencias revolucionarias. El resultado fue que surgieron numerosos centros de poder locales de carácter revolucionario, mientras subsistía en Madrid un gobierno republicano que en la práctica era incapaz de hacerse obedecer. En Cataluña, la CNT emergió tras los combates de julio como la fuerza principal, pero había de contar con la existencia de Esquerra Republicana, que se mantuvo al frente del gobierno de la Generalitat y de los marxistas. Un inicio de coordinación efectiva sólo se produjo cuando en septiembre se formó un nuevo gobierno en la Generalitat, en el que junto a los republicanos catalanistas se integraron 2 partidos marxistas: el PSUC y el POUM y la propia CNT. Los cambios revolucionarios fueron en cambio limitados en las provincias vascas, debido a la influencia del PNV; el cual, optó por la República, debido a la tendencia centralista de los insurrectos. Debido a la hegemonía del PNV en Vizcaya y Guipúzcoa, allí solo se incautaron las empresas de los partidarios del alzamiento, y a diferencia de lo ocurrido en el resto de España, las iglesias se mantuvieron abiertas al culto y el clero no sufrió persecución. En octubre las Cortes votaron el estatuto vasco y el nacionalista José Antonio Aguirre fue elegido presidente del gobierno provisional de Euskadi, en el que junto al PNV se integraron los partidos del Frente Popular. En los primeros meses de la guerra hubo más muertes en la retaguardia que en el frente. Las ejecuciones fueron en su mayor parte irregulares, pero eso no significa que la represión fuera incontrolada ni espontánea. En el bando de los sublevados los responsables últimos eran los mandos militares, mientras que en el bando republicano, la represión fue sobre todo iniciativa los militantes de izquierda a nivel local. Aunque los meses peores fueron los primeros, los asesinatos y las ejecuciones injustificadas se prolongaron hasta el final de la guerra, sobre todo en el caso de los vencedores, que fueron extendiendo su cruenta acción represiva a medida que conquistaban las provincias. Por un lado, la represión fue un arma de guerra, un medio de aterrorizar a quienes pudieran pensar en la resistencia, o de eliminar a unos prisioneros que hubieran podido ser liberados por el enemigo. Pero se mataba también para crear una sociedad nueva, purgada de elementos nocivos. Para los insurrectos tales elementos eran todos aquellos que habían llevado a España por la senda del laicismo, republicanismo y revolución social (autoridades, militantes sindicales y de partidos de izquierda, intelectuales). En el bando opuesto no se asesinaba sólo a los implicados en el alzamiento (militares), sino también a patronos, militantes de derecha y eclesiásticos. Se preparaba así una sociedad sin propiedad privada ni iglesia. La persecución religiosa se tradujo en que los eclesiásticos fueran el sector social que más empeño se puso en exterminar. Al tiempo que se prohibía de hecho el culto católico (salvo en el País Vasco) y eran destruidas las iglesias y conventos, fueron asesinados miles de curas y religiosos, caso todos en 1936. Fueron también asesinadas mujeres, pero el número de víctimas femeninas fue netamente inferior al masculino. Por otra parte, fue más elevada en el territorio insurrecto que en el republicano, quizá por que la emancipación de las mujeres que militaban en partidos y sindicatos de izquierda resultaba abominable para la mentalidad de derechas. En los primeros tiempos las columnas milicianas contaron con algunas mujeres combatientes, que parecen haber sido invariablemente asesinadas en caso de captura. Los orígenes de la guerra civil española fueron estrictamente españoles. Ninguna potencia extranjera aconsejó alzarse en armas a los generales que lo hicieron y ninguna estaba preparando tampoco una revolución comunista en España. Sin embargo, apenas había transcurrido 10 días desde el inicio cuando los insurrectos empezaron a recibir ayuda militar de Hitler y Mussolini. En cambio, el gobierno republicano, aunque gozaba del pleno reconocimiento internacional, tropezó con graves dificultades para adquirir armas en otros países, incluso en la misma Francia, que tenía un gobierno del Frente Popular, presidido por Léon Blum. Lo que hizo el gobierno francés fue plantear la adopción de reglas comunes de no intervención. Su propuesta se condujo a un acuerdo internacional de no intervención, que incluía el embargo de la venta de armas a ambos bandos, algo sin precedentes hasta el momento. El acuerdo de no intervención fue suscrito tan solo por las potencias europeas, pero EEUU siguió una política similar. A primeros de septiembre se reunió por primera vez en Londres el Comité de No Intervención. Su misión consistiría en examinar las denuncias recibidas sobre violaciones del acuerdo, que sólo podrían presentar los estados que lo habían suscrito, lo que excluía al propio gobierno de la República Española. No se previó la adopción de sanciones, ni otro tipo de medidas. Para el gobierno conservador británico, principal impulsor de la no intervención, el objetivo del comité era simplemente el de servir de instrumento para que las tensiones suscitadas por eventuales violaciones del acuerdo pudieran ser encauzadas y evitar así que dieran lugar a enfrentamientos entre potencias europeas. El desarrollo inicial de la guerra estuvo condicionado por la escasísima dotación de armas y municiones de que disponía el ejército español, por ausencia de fuerzas de choque efectivas, excepto las de Africa, y por la virtual desaparición del ejército en el territorio leal a la República, donde fue sustituido por las milicias urbanas. Estas milicias eran incapaces de operar adecuadamente en campo abierto, pero en cambio se defendían bien cuando se hallaban en una posición favorable (puertos de montaña y ciudades). El mantenimiento de los cuadros y de la disciplina tradicionales, daba pues, ventaja a los sublevados, pero su escasez de armamento limitaba sus posibilidades de acción. De ahí la importancia que tuvo la ayuda extranjera que pronto recibieron. Sólo el ejército de Africa, al mando de Franco, contaba con dotación más adecuada de armamento y munición, y sobre todo con soldados profesionales, bien entrenados y con una elevada moral de combate. La ayuda italiana y alemana fue decisiva para que en agosto, Franco lograra quebrar el precario bloqueo del Estrecho por la flota republicana y trasladar sus tropas a la Península, donde iniciaron un rápido avance hacia el norte. A primeros de septiembre tomó Talavera, donde los republicanos habían situado su principal dispositivo de defensa, con lo que la vía hacia Madrid estaba abierta. Al tiempo las tropas de Mola tomaron Irún, con lo que la zona cantábrica, aislada del territorio republicano, quedó también separada por la frontera francesa, por la que eventualmente hubiera podido recibir ayuda. A los pocos meses de iniciada la guerra, la improvisación inicial dio paso en ambos bandos a una gradual consolidación de estructuras políticas y militares. En el caso de la República, esta se inició cuando en septiembre de 1936 formó gobierno Largo Caballero, mientras que en el bando sublevado resultó decisiva la designación de Franco como jefe del Estado, que se produjo en octubre. Largo Caballero era el dirigente sindical de mayor influencia y él y sus seguidores ocuparon, como representantes de UGT, las 3 carteras principales del nuevo gobierno. Otras 3 fueron ocupadas por el PSOE (Indalecio Prieto y 2 más), y las restantes por republicanos de izquierda, cuya influencia era ya muy reducida, de forma simbólica también se otorgaría representación a PC, PNV y CNT. Los anarcosindicalistas se hallaban en una situación que nunca habían previsto. En bastantes ciudades y áreas rurales habían conseguido poner en práctica buena parte de sus ideas (Colectivización), pero en vez de llegar a la inmediata destrucción del Estado, se veían en la obligación de colaborar con el mismo frente a la amenaza del ejército sublevado. Largo Caballero aspiró a ejercer de hecho la dirección política y militar de la República, lo que le expuso a fuertes críticas de sus socios de gobierno cuando se vio que la situación militar no mejoraba. Su política tenía 3 elementos fundamentales: restablecer la autoridad del gobierno central frente a los poderes locales, crear un nuevo ejército en el que se integraran las dispersas milicias y lograr la ayuda exterior. Esta sólo llegó de la Unión Soviética y ello contribuyó a la creciente influencia del PCE. Los comunistas eran partidarios de centrar todos los esfuerzos en la guerra, aunque eso supusiera frenar la revolución social. Esto implicaba crear un ejército disciplinado, someter a una dirección coordinada a los comités sindicales que controlaban la producción, afianzar la alianza con las clases medias mediante garantías a los pequeños propietarios de que sus intereses serían respetados, mantener el funcionamiento de las instituciones republicanas y, en definitiva dar la imagen interior y exterior de que la República española seguía siendo una democracia. Así es que frente al debilitamiento de los republicanos y de un PSOE dividido, el PCE creció en el papel de defensor de la República. Lo cual respondía a la nueva orientación de la política exterior soviética, que por entonces se esforzaba en lograr un entendimiento con las potencias occidentales, frente a la amenaza de Hitler. A diferencia de lo ocurrido en el bando republicano, la dirección militar permitió una eficaz coordinación de esfuerzos, que se centraron en el objetivo de ganar la guerra, mientras que la definición institucional del nuevo estado quedó aplazada. Al igual que en el bando republicano y como suele ocurrir en todas las guerras civiles, la enfebrecida atmósfera de combate favoreció a las fuerzas más extremistas, en este caso a la Falange, que en un momento en el que el fascismo estaba en auge internacional parecía representar la doctrina política con más futuro. Desde el inicio de la guerra experimentó un crecimiento rapidísimo, aunque pronto quedó privada de su jefe, José Antonio Primo de Rivera, que fue fusilado por los republicanos en noviembre. Los generales insurrectos llegaron pronto a la conclusión de que la buena marcha de las operaciones exigía un mando único, para el que hubo casi unanimidad en designar a Franco. Puesto que parecía conveniente que el mando político fuera unido al militar, Franco fue nombrado en octubre jefe del Estado. Franco había jugado sus bazas con prudencia, sin precipitarse en reclamar el poder, y muy pronto reveló una notable habilidad política, que le permitió permanecer en él durante 40 años. Su elevación había sido favorecida por generales de clara orientación monárquica, pero nadie creía que la restauración tuviera que ser inmediata; lo que favoreció a Franco. La muerte de José Antonio Primo de Rivera, la inexistencia de ningún otro dirigente con capacidad para ocupar ese lugar y las divisiones entre los falangistas, facilitaron los planes de Franco de erigirse en jefe de la Falange. Franco unificó todas las fuerzas políticas que apoyaban el alzamiento en un partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en el que el elemento falangista predominó desde el principio a los tradicionalistas. Ello dio un tono fascista al régimen, pero el nuevo partido nunca tuvo independencia alguna, sino que estuvo plenamente sometido a Franco. Por otro lado, Franco tuvo un tercer apoyo importante: la fervorosa adhesión de la mayor parte de los católicos españoles al alzamiento. La tradicional identificación de la Iglesia española con las derechas y el anticlericalismo de las izquierdas, hacían previsible esa adhesión, pero la persecución religiosa que se desencadenó en el territorio leal a la República le dio una intensidad mucho mayor. Pronto la guerra empezó a ser considerada una cruzada. Franco contó desde muy pronto con una importante ayuda de Italia y Alemania, mientras que la República sólo la logró de la Unión Soviética, que al igual que aquellas optó por intervenir activamente en el conflicto sin renunciar a la ficción de la no intervención. El envío clandestino de armamento soviético comenzó en septiembre y fue crucial por su contribución a la defensa de Madrid. Durante el transcurso de la guerra acudieron a España algo más de 2.000 miembros del Ejército Rojo, la mayoría especialistas (aviadores, tanquistas o consejeros e instructores). Y a la ayuda que la Unión Soviética se sumó la del comunismo internacional, a través de las Brigadas Internacionales. Integraron éstas un conjunto de voluntarios de distinta nacionalidad, cuyo reclutamiento fue organizado por la Internacional Comunista. El momento culminante de la historia de las Brigadas llegó en los primeros meses de 1937. Durante las sucesivas batallas en torno a Madrid sus integrantes fueron empleados en los puntos más críticos del frente y aguantaron a costa de numerosas bajas. Pero el número de voluntarios extranjeros se redujo rápidamente y su importancia declinó. A su vez Alemania e Italia incrementaron a partir de octubre su ayuda a Franco. Los alemanes enviaron sobre todo a la Legión Cóndor, una unidad aérea de combate, integrada inicialmente por casi 4.000 hombres y un centenar de aviones; mientras los italianos enviaron importantes efectivos de tropa, casi 50.000 hasta febrero de 1937. Cuando el ejército de Africa se acercaba a Madrid, el propio gobierno republicano se trasladó en noviembre a Valencia. De hecho, es probable que si la capital hubiera caído, la moral de combate de los republicanos hubiera recibido un golpe decisivo. De ahí que Franco concentrara durante varios meses sus esfuerzos en sucesivos ataques a Madrid; pero todos ellos fracasaron. En aquellas batallas, los republicanos lograron por primera vez resultados satisfactorios en campo abierto. Superada la indisciplina de los primeros momentos, el nuevo ejército republicano, dirigido por militares profesionales, bien dotados de armamento ruso, y con apoyo de las Brigadas Internacionales logró frenar los ataques. Tras ello Franco optó por una estrategia prudente, encaminada a una metódica destrucción de las fuerzas enemigas y una gradual ocupación del territorio. Una guerra de desgaste, lenta en su desarrollo y acompañada de una implacable represión cada vez que se conquistaba una nueva provincia. Por ello Madrid, dejó de ser el centro de las operaciones, que se trasladaron al norte, donde el territorio republicano se reducía a una estrecha franja costera por donde pese al bloqueo, llegaban los importantes suministros soviéticos. La conquista de Vizcaya, Santander y Asturias, que se produjo en abril y octubre de 1937, proporcionó a Franco importantes recursos industriales y mineros y una población numerosa y le permitió trasladar la flota al Mediterráneo, sometiendo al territorio republicano a un riguroso bloqueo. En mayo de 1937 se produjo la dimisión de Largo Caballero, provocada por los sucesos de Barcelona, donde estalló con violencia el conflicto entre los defensores de la revolución obrera inicial con quienes consideraban necesario restablecer la autoridad del Estado. Esta segunda era la posición de los republicanos, socialistas moderados, PSUC, comunistas y nacionalistas catalanes de Esquerra. En el otro extremo estaban los anarquistas de la CNT y la FAI y el POUM. Los sucesos de Barcelona se iniciaron cuando el Gobierno de la Generalidad envió fuerzas para imponer su control en la sede de la Telefónica, que hasta entonces había estado en poder de la CNT. Dicho intento originó un tiroteo y pronto la ciudad se llenó de barricadas y hombres armados. Los combates en las calles, entre anarquistas y militantes del POUM por un lado y fuerzas leales a la Generalidad por otro, se prolongaron 5 días, hasta que los dirigentes nacionales de la CNT hicieron un llamamiento de alto el fuego. Ante estos sucesos, la posición de Largo Caballero quedó muy debilitada. Su sucesor al frente del Gobierno fue el socialista Juan Negrín, quien estimaba que era necesario restablecer la plena autoridad del Estado , que había de sacrificar los objetivos del socialismo al logro de una imagen moderada ante la opinión internacional, y que era indispensable el entendimiento con la Unión Soviética. Sus principales aliados fueron los comunistas. Y aunque parece que Negrín realizó algún sondeo discreto acerca de la posibilidad de una negociación con Franco, terminó por encarnar, junto a los comunistas, la política de resistencia a ultranza. Pero otros sectores, que daban por perdida la guerra (Indalecio Prieto), opinaban que no tenía sentido que siguiera y defendían una mediación internacional que le pusiera fin. La negativa de Franco a aceptar otra solución del conflicto que no fuera la rendición incondicional hizo sin embargo inútiles todos los esfuerzos en este sentido. La resistencia de la República dependía de los suministros bélicos soviéticos. Estos se interrumpieron en agosto de 1937, debido al bloqueo en el Mediterráneo; pero se reanudaron en diciembre a través de una nueva ruta, la de los puertos atlánticos franceses, desde donde eran reexpedidos a España. Pero esta vía se cerró también casi por completo en junio de 1938, cuando el gobierno francés cedió a los deseos británicos, deseoso de llegar a un acuerdo con Alemania e Italia que evitara el peligro de una guerra europea. A pesar de que su capacidad militar era limitada, el gobierno de la República no quiso reducirse a una estrategia puramente defensiva, sino que montó nuevas ofensivas. Franco obtuvo sus grandes triunfos en su respuesta a tales ofensivas. Esto ocurrió primero con la batalla de Teruel y luego con la del Ebro. Los republicanos tomaron Teruel en diciembre de 1937, pero la contraofensiva de Franco, le permitió alcanzar el Mediterráneo en abril, contando en 2 el territorio republicano. En tales circunstancias, la legada de suministros soviéticos a través de Francia permitió sin embargo al ejército republicano rehacerse y lanzar una última ofensiva, la del Ebro. Pero la durísima batalla del Ebro, de agosto a noviembre de 1938, decidió la guerra, pues en ella los republicanos sufrieron un desgaste del que no lograrían reponerse. Para cuando terminó, la conferencia de Munich había mostrado además que Francia y Gran Bretaña deseaban preservar la paz con Alemania. En tales condiciones la ofensiva sobre Cataluña, que Franco lanzó en diciembre, apenas tuvo resistencia. En febrero de 1939 sus tropas alcanzaron la frontera francesa, por la que poco antes habían cruzado los restos de ejército republicano y numerosos refugiados civiles. Negrín quiso continuar la resistencia desde la zona centro-sur. La mayor parte de los militares republicanos consideraba sin embargo que las posibilidades de lucha eran nulas. En tales circunstancias, la confianza de algunos militares republicanos, como el coronel Casado que estaba al frente de Madrid, en que ellos serían capaces de obtener de Franco unas condiciones mejores que Negrín, se combinó con la general hostilidad hacia los comunistas para provocar un último enfrentamiento dentro de la República. En marzo el coronel Casado se sublevó en Madrid, negando legitimidad al gobierno de Negrín, y constituyó un Consejo de Defensa, en el que se integraron dirigentes socialistas, republicanos y anarcosindicalistas. La mayoría de los jefes militares republicanos se mostraron favorables al Consejo y Negrín salió de España. Casado inició negociaciones con Franco, pero pronto comprobó que este se mantenía inflexible. No restó a los dirigentes republicanos más salida que la rápida marcha hacia los puertos de levante, en los que algunos de ellos lograron embarcarse, mientras que Franco lanzaba su última ofensiva, que no encontró resistencia. El 1 de abril de 1939 la guerra terminó. El hecho de que la primera democracia española diera paso a una dictadura respondió a una pauta común en Europa en los años 20 y 30. La guerra civil española fue el resultado del desarrollo de influyentes ideologías revolucionarias y contrarrevolucionarias, de la incapacidad del Estado republicano para encauzarlas por vía de la legalidad constitucional, del fracaso a medias del alzamiento contrarrevolucionario y de la resistencia republicana protagonizada fundamentalmente por fuerzas revolucionarias. El triunfo de Franco en la guerra se debió fundamentalmente a 2 factores: un factor político que fue el contraste entre la rápida cohesión que los alzados alcanzaron bajo el indiscutido mando de Franco y la continua tensión en las relaciones de las fuerzas republicanas. Y un factor estrictamente militar: las guerras las ganan los ejércitos y el de Franco era mejor, puesto que mantuvo una estructura orgánica y disciplina militar, que no mantuvo el de la República. Por otro lado, la ayuda extranjera que obtuvo Franco fue claramente superior a la recibida por la República. Apius Claudius Caecus...

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